martes, 26 de febrero de 2013

Segob reporta 26 mil 121 personas “no localizadas” en México


Más de 26 mil desaparecidos en México entre 2006 y 2012


La cantidad de desaparecidos en México en esos seis años rebasa incluso a las 10 mil personas registradas durante la dictadura militar argentina. (Foto: Archivo)

El Gobierno mexicano reveló este martes que durante la gestión de Felipe Calderón se registró un total de 26 mil 121 personas desaparecidas. La cifra supera a los de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y el régimen militar en Argentina (1976-1983).

Unas 26 mil 121 personas fueron reportadas como desaparecidas en México durante el período de Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), en el que también se registraron más de 60 mil muertes a causa de la guerra al crimen organizado.

Así lo dio a conocer este martes la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón; quien en declaraciones a los medios locales, indicó que son "26 mil 121 registros" de personas reportadas como desaparecidas o extraviadas en el periodo que "comprende de diciembre de 2006 a noviembre de 2012".

La cifra, según varias organizaciones humanitarias, es más alta que la cantidad oficial de desaparecidos en Brasil durante la dictadura militar (137 personas) y la de Chile, donde durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) al menos tres mil personas se declararon extraviadas.

La cantidad de desaparecidos en México en esos seis años rebasa incluso a las 10 mil personas registradas durante la dictadura militar argentina (1973-1990) y durante la Guerra Sucia en México; cuando se reportaron a 500 personas sin localizar.

Durante su Gobierno, Felipe Calderón reconoció que México había vivido uno de los períodos más violentos de su historia; con más de 50 mil muertes violentas que fueron atribuidas a la guerra indiscriminada que el gobernante entabló contra el crimen organizado.

La situación empeora cuando muchas organizaciones sociales denuncian que estas desapariciones son incluso apoyadas y/o incubiertas por los cuerpos de seguridad.

Pese a la situación que se vive en la nación, este martes el ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín, descalificó la cifra de desaparecidos e insinuó que aunque haya acopio de información de distintas fuentes, la cantidad puede estar errada.

“En tanto no estén 100 pro ciento validadas, soportadas en averiguaciones previas, me parece que no es información que se pueda de tomar en cuenta para tomar decisiones”, dijo Vega Marín.

Desde abril del año pasado México cuenta con una reforma legal que obliga a la creación del registro nacional de personas desaparecidas y que no se ha terminado de implementar.

En este contexto, la población de ese país clama justicia, así como exige una investigación de todas las desapariciones para determinar la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en cada uno de los casos que se han reportado.

teleSUR- Afp- Milenio- Efe/ lp-PR

miércoles, 20 de febrero de 2013

URGENTE REGULAR LAS POLICÍAS COMUNITARIAS

LAS POLICÍAS COMUNITARIAS, SON EL MEJOR CAMINO PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA COMÚN  PERO ES URGENTE Y NECESARIO REGULAR SUS FUNCIONES PARA EVITAR QUE SE SALGAN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y CAIGAN EN   LA ANARQUÍA...calf.

Manlio y Aguirre "olvidan" Pacto y cruzan injurias

El diputado tiene “vocación represora” y está anclado en el pasado: Aguirre ; primero hay que ver si el mandatario estatal “estaba sobrio”: Beltrones

Milenio 
Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, y Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados priistas, intercambiaron descalificaciones por las policías comunitarias.

El mandatario guerrerense acusó al legislador de tener “una vocación represora”, mientras el diputado dijo: “primero me voy a enterar si (el gobernador) estaba sobrio”.


Un día antes, luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Beltrones pidió a los gobernadores en cuyos estados hay policías comunitarias que replantearan el funcionamiento de su administración.

“Los gobernantes de esas entidades deben, con preocupación y responsabilidad, atender las necesidades de la población, y si no son capaces y suficientes de brindarles protección, seguridad y justicia a cada una de ellas, deberían de replantear en buena parte el funcionamiento de su gobierno y de ellos mismos”, dijo.

En respuesta, ayer Aguirre Rivero indicó: “Yo pienso que Manlio Fabio se quedó anclado en el pasado, se quedó (anclado) hace 30 años. Seguramente que las expresiones que tuvo responden a su vocación represora. Recuerden nada más dónde se formó”.

Entrevistado al concluir el festejo por el centenario del Ejército, el mandatario guerrerense, de filiación perredista, agregó: “En lugar de solamente verter críticas sobre algunos estados, sobre algunos gobernadores, (Beltrones) debería de preocuparse, por un lado, por generar mejores condiciones para los estados y mayores recursos”.

Más facilidades

Puntualizó que hacen falta más facilidades para las entidades con los mayores rezagos sociales, como Guerrero.

“Él (Beltrones) es coordinador de la fracción más grande en la Cámara de Diputados, donde se determina el Presupuesto de Egresos de la Federación. Entonces en lugar de decir que los estados o los gobiernos estatales cumplan muchas de las demandas, eso es lo que quisiera. El problema es que a veces no tenemos los recursos suficientes. En eso debiera de ocuparse el señor Manlio Fabio. Yo creo que también sigue respirando por la herida”, finalizó.

Al respecto, Beltrones acusó de “irresponsable” al gobernador e indicó: “No personalizo ninguna discusión, primero me voy a enterar si estaba sobrio para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable”.


Afirmó que continuará con su preocupación, porque en algunas entidades se siguen reproduciendo las policías comunitarias, que “lastiman el estado de derecho”.

“Lo que habría que preguntarse en esos lugares es si se respeta el estado de derecho, si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones o solo eludimos nuestras responsabilidades”, afirmó.

Beltrones enfatizó: “la seguridad es de todos y nadie puede eludir sus responsabilidades”.

En enero pasado surgieron en la Costa Chica de Guerrero las primeras brigadas civiles para defender a sus pueblos de las agresiones del crimen organizado. En esa región fueron retenidos 54 personas acusadas de homicidio, violación y extorsiones.

Claves
Solicitan grupo plural

Ante la aparición de policías comunitarias, el PAN en el Senado solicitó crear un grupo plural que conozca, diagnostique y formule una propuesta legislativa para recuperar la certidumbre en las instituciones de seguridad.

Luisa María Calderón consideró que esos grupos son reprobables, por lo que en un punto de acuerdo que se turnó a la Junta de Coordinación Política exigió al Estado que resuelva el problema de inseguridad.

Aclaró: “no pretendemos que el Estado ceda a su obligación de proporcionar seguridad, de cuidar el patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados de la ciudadanía”, sino fortalecerla.

martes, 12 de febrero de 2013

Ahora sí, coordinación contra el crimen: Osorio



Milenio.
El gobierno federal presentará este martes parte de su nuevo esquema de seguridadque consiste en el Plan Nacional de Prevención del Delito, porque “no todo es sacar más policías” ni comprar más armamento, anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Este programa contará con un presupuesto de 118 mil millones de pesos y participarán nueve secretarías de Estado en colaboración con los gobiernos locales en los municipios donde se observa daño al tejido social, para atender las necesidades de los jóvenes con el fin de evitar “que puedan ser captados por los delincuentes”.

El secretario de Gobernación dijo que la prevención es “una estrategia que, perdón, no estaba por lo menos, diría yo, si es que alguien va a salir a decir lo contrario, tan clara y transparente como se va a dar a conocer”.

Aseguró que en el gobierno federal “no estamos viendo hacia atrás para señalar, atacar, de ninguna manera”, pero no existía plena coordinación y confianza en los gobernadores y tampoco contaba con estrategia de prevención de la violencia, como la que anunciará mañana en Aguascalientes el presidente Enrique Peña.

Afirmó que en esta administración se cambió la estrategia para integrar la prevención y no ha atacado, ni señalado fallas de los gobernadores y esas dos cosas “pueden ser la diferencia” para obtener resultados.

“Sí entiendo las ansias, la desesperación, la molestia, el enojo de la población y el señalamiento de los medios, pero sí les decimos que para aplicar estas nuevas estrategias no se puede esperar que en dos meses estén los resultados. Hay el compromiso del Presidente y se va a cumplir tal”, dijo.

Interrogado sobre la prioridad en la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong dijo que es la política, porque sin ella “no vamos a atender de manera oportuna el tema de la seguridad”.

Aseguró que hoy “sin duda, existe mucha más confianza”, colaboración y respaldo de la Federación a los gobiernos estatales y que ello se desprende de la experiencia que el propio presidente Peña y él mismo tuvieron como gobernadores.

“Cuando afirmo que habrá resultados es porque estoy convencido de que lo que se está haciendo, que no es igual a lo que se hacía”, dijo el funcionario. “Estamos con una estrategia diferente a partir de una coordinación plena”.

Para el gobierno federal, de manera simultánea a las labores de fortalecimiento de las instituciones, deben atenderse los factores sociales de riesgo para la violencia y la delincuencia, entre los cuales identifica la falta de servicios básicos, la carencia de vivienda y la situación de calle, la desintegración familiar, la deficiencia en la educación y la deserción, el desempleo, las adicciones y la falta de espacios públicos seguros.

Por ello, las cuatro vertientes nacionales y regionales bajo las cuales se regirá el programa consisten en combatir la violencia tanto en las escuelas como en la familia, atacar las adicciones e identificar oportunamente problemas de aprendizaje.

Sobre la Gendarmería Nacional, Osorio Chong informó también que esta realizará misiones especiales y respaldará a los municipios con mayor incidencia delictiva o con poca capacidad para brindar seguridad a sus habitantes.

El secretario dijo que la presente administración prácticamente cuenta con el mapa completo de la delincuencia porque “no llevamos dos meses cruzados de brazos”.

También explicó que para compartir información de manera óptima se utilizará Plataforma México, pero desde la transición, el equipo del presidente Enrique Peña se percató de que las entidades requieren sistemas de inteligencia para enfrentar al narcotráfico y el secuestro y que no se podrá avanzar si no se comparte información en el tema del secuestro, por ejemplo.

“Pero no van a ser ni centros misteriosos, ni centros escondidos, sino más bien lugares en los que la información para la inteligencia criminal se va a poder tener a la mano de los actores que están hoy enfrentando a los delincuentes. Eso es todo”, aseguró el titular de Gobernación.
Claves
Mejora Tijuana

-El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, afirmó que comparado con años anteriores, el tema de seguridad pública se ha reforzado, a tal grado que durante 2012 el número de homicidios disminuyó 50 por ciento.

-En conferencia de prensa, el presidente municipal aseveró que la seguridad de los tijuanenses siempre será una prioridad.

-A su vez, el secretario de Seguridad Pública municipal, Jesús Alberto Capella Ibarra, indicó que tras el cierre de 2012, Tijuana registró la cifra más baja de hechos delictivos, en relación con los últimos seis años, con 23 por ciento menos que en 2006.

Dirigido especialmente a los jóvenes
-El subsecretario de Prevención, Roberto Campa, informó que el programa que se presentará hoy estará dirigido esencialmente a los jóvenes en esas comunidades con mayores índices de violencia, porque al revisar ese fenómeno, detectaron que “particularmente el caso de los homicidios, las víctimas son jóvenes y los perpetradores también; muchas veces en ambos casos jóvenes sin oportunidades, ahí es donde hay que trabajar intensamente con ellos y buscar que tengan oportunidades”.

Detalló que originalmente se tenía previsto que ocho Secretarías de Estado (Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Agrario) formaran parte del Programa Nacional para la Prevención del Delito, pero se integró a Comunicaciones y Transportes “porque la marginación también se explica en función de no contar con servicios de comunicación integrales”.

El funcionario federal informó que los 251 municipios que reciben el subsidio para la seguridad municipal (Subsemun) que supera los cuatro mil millones de pesos, deberán destinar 20 por ciento a prevención, lo que aportará a la estrategia mil millones de pesos.

Además, el Congreso de la Unión aprobó un fondo de dos mil 500 millones de pesos para el Programa y la suma de los presupuestos de las nueve dependencias involucradas en la prevención asciende a 115 mil millones de pesos.
(Lorena López/México)

sábado, 9 de febrero de 2013

Ley de víctimas: Desaparecidos hacia una ley funcional

La Ley General de Víctimas busca reconocer y proteger a las víctimas del delito. Aún no se aclara cómo ni con qué medios
Fred Álvarez


CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero.- Después de varios meses de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión, el miércoles 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas que consta de 189 artículos y 16 transitorios y entrará en vigor 30 días después de su publicación; es decir, el 9 de febrero de 2013. Vale la pena leerla completa en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013

Dice el artículo 1: “La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional [...] En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona (principio pro homine).

>>La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral[…]”

El objeto de esta Ley es: “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos[…]”

Para respaldar a las víctimas, la nueva Ley crea las siguientes instancias:

I) El Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas y las acciones para apoyar a las víctimas en los tres niveles de gobierno;

II)La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley. En dicha Comisión, participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil;

III) Un órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas dependiente de la Comisión Ejecutiva, para que los afectados cuenten con un profesional del derecho que los represente y defienda legalmente;

IV) El Registro Nacional de Víctimas, que facilitará el acceso a la ayuda que faculta la ley, y ;

V) El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas.

Ceremonia en Los Pinos

Ese mismo miércoles 9 de enero, el presidente Peña Nieto dio a conocer la publicación en el DOF de la Ley General de Víctimas, “un nuevo ordenamiento legal en favor de los derechos humanos que no tiene precedente en ninguna otra nación”. Al acto, que tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos, asistieron líderes de partidos políticos, miembros del gabinete, el rector José Narro, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, varios legisladores (sobretodo los presidentes de las comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cámara de Diputados), así como varias organizaciones sociales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fue evidente la inasistencia de Alejandro Martí. Tampoco asistió María Elena Morera.

En cambio, Isabel Miranda de Wallace sí asistió, pero esta vez no ocupó lugar en el presidium e incluso se retiró antes del inicio del acto, quizá como muestra de que no estaba de acuerdo con la publicación de la ley.

“Prefirió tuitear desde el exterior su postura contraria a la ley que se presentaba. Su aliado Samuel González repitió a quien lo saludaba que era inconstitucional lo aprobado.” (Revista Proceso No. 1889, 13 de enero de 2013).

En cambio, la figura de ese día y único representante de las victimas en el presidium fue el poeta Javier Sicilia, quien de entrada leyó unos versos del poema “Desaparecidos” de Mario Benedetti, y pidió un minuto de silencio por ellos: “Porque hoy es un día en que en medio de tanto odio, de tanta noche, de tanto dolor que continúa, el buen amor ha salido, por fin, al encuentro de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos y de la justicia que tanto han buscado.

Abracémoslos y abracémonos con un minuto de silencio.” Luego dijo: “Usted, señor Presidente Enrique Peña Nieto, cumple no sólo con esa justicia que había sido traicionada, sino con lo más sagrado que un ser humano tiene: su palabra, la que usted empeñó en los ‘Diálogos por la Paz’ que sostuvimos el día 28 de mayo en el Alcázar de Chapultepec, con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República”.

Más tarde tomó la palabra el Presidente de la República, quien subrayó que con la publicación de la Ley, “no sólo doy cumplimiento a una de las 13 decisiones presidenciales que anuncié el 1 de diciembre; también estoy cumpliendo un compromiso ético que asumí en el Castillo de Chapultepec”.

En efecto, Peña Nieto, siendo candidato a la Presidencia, había dado su palabra en los “Diálogos por la Paz”, que hubo el 28 de mayo con distintas organizaciones sociales. Les dijo entonces:

“Si antes del 30 de noviembre esta Ley de Víctimas no ha sido publicada, tengan la certeza y el compromiso de que habrá de ser promulgada, porque estoy convencido de este instrumento de justicia para México, que además de legal, es de avanzada, moderno, que, sin duda, pone a México a la vanguardia en esta materia”.

Y, justo el 1 de diciembre de 2012, en su mensaje a la nación, haciendo valer el compromiso adquirido y un día después, el acuerdo signado en el “Pacto por México”, instruyó a la Consejería Jurídica a desistirse de la controversia constitucional, lo cual se hizo el 5 de diciembre.

Un día después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó, favorablemente, el desistimiento y emitió la resolución que fue notificada el mismo 6 de diciembre.

La resolución causó Estado el 2 de enero, y quedó sin efecto la suspensión de la orden de publicación, por lo que el día 9 de enero se publicó el Decreto, por instrucciones del Congreso de la Unión, sin necesidad de refrendo.

La pregunta que muchos nos hicimos fue: “¿por qué ordenó la publicación el Congreso de la Unión y no el Ejecutivo Federal?”

Si observamos la publicación en el DOF, tiene una inscripción que dice: “El presente decreto se publica en atención al oficio No. DGPL.-2P3A.-6469, suscrito por el Senador José González Morfin, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida observancia.”

¿Qué dice el 72, apartado B Constitucional?

“Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”.

En esa interpretación, la Ley General de Victimas se consideró como promulgada el 19 de junio del año 2012 como se colige de la lectura del artículo 72 apartado B constitucional; pero en ese ínter se presentó una controversia constitucional, misma que fue admitida por la Comisión de Receso de la SCJN, por lo que se concedió la suspensión de los actos impugnados; o sea la publicación por el Congreso.

Y hubo todo un debate al respecto, hagamos una retrospectiva:

1. La ley fue aprobada por el Senado de la República el 26 de abril de 2012 y ratificada por la Cámara de Diputados cuatro días después, el 1 de julio de 2012. El gobierno del presidente Felipe Calderón regresó la ley al Congreso con el argumento de que contenía imprecisiones, y posteriormente interpuso una controversia ante la SCJN, la número 68/2012.

2.- En un comunicado de entonces, la Secretaría de Gobernación precisó: "La controversia constitucional presentada por el Ejecutivo se refiere únicamente al acto del Senado de la República, a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo". En opinión del gobierno del presidente Calderón, dicha legislación requería correcciones y reformas constitucionales.

Recuerdo que ese asunto generó un interesante intercambio de misivas a través del periódico El Universal entre Miguel Alessio Robles, entonces consejero jurídico de la Presidencia y el académico Sergio Corcuera Cabezut.

3.- Por esos días varios académicos y organizaciones sociales (por cierto las mismas que se opusieron a la reciente iniciativa de reforma al 1 constitucional que planteó el Diputado Francisco Arroyo Vieyra) se manifestaron y exhortaron a publicar la “ya promulgada Ley General de Víctimas (LGV)”.

En una carta pública dirigida al Senador José González Morfín en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, las organizaciones defensoras de los derechos humanos manifiestan su posición acerca de la promulgación de la LGV:

“Toda vez que el proyecto de LGV fue enviado por el Congreso de la Unión a la Secretaría de Gobernación mediante oficio No. DGPL61- II-1-3420 de fecha 10 de mayo pasado, firmado por los secretarios de mesas directivas de ambas cámaras y con misma fecha de acuse de recibo por parte del Ejecutivo, se desprende de ello que los treinta días naturales contemplados en el artículo constitucional precitado para observar el dictamen se cumplieron el 9 de junio pasado, en tanto que los diez días naturales para su promulgación, el 19 de junio, por lo que el proyecto estaba listo para su publicación dentro de los diez días siguientes.

En consecuencia, y como no se sustrae a su conocimiento, el 29 de junio (dentro del plazo de diez días naturales previstos en el multicitado artículo 72 B para que, tras la promulgación, el presidente de la Cámara de origen ordene la publicación de la ley), a través del oficio no. DGPL- 2P3A.-6469 dirigido al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, con acuse de recibo de esa misma fecha 25 a las 12:38 horas, el presidente de la Mesa Directiva del Senado solicitó al Ejecutivo "gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se publique en el DOF el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril" de 2012.

Por todo lo anterior –agregan las organizaciones-, concluimos lo siguiente:

I). Consideramos – y en ello compartimos la posición del presidente de la Mesa Directiva del Senado – que se ha cumplido ya el plazo constitucional previsto para la promulgación de la Ley General de Víctimas desde el pasado 19 de junio de 2012;

II) Las “observaciones” presentadas por el titular del Ejecutivo federal son extemporáneas y por ello no generan efecto jurídico alguno en el curso del plazo constitucional previsto en el artículo 72 apartado B de la Carta Magna;

III). La Ley General de Víctimas debe publicarse a la brevedad posible, habida cuenta de la demora que media entre el día de hoy y la promulgación de la ley.” Atentamente, una larga lista de organizaciones sociales, académicos y dirigentes de organizaciones sociales.

Controversia 68/2012 en la SCJN

La Comisión de Receso de la SCJN acordó admitir la demanda de controversia presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, con lo cual se otorgó una suspensión para publicar el decreto.

La comisión que empezó a analizar la controversia fue integrada por los ministros Sergio Armando Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas, ambos miembros de la Segunda Sala de la Corte.

4.- La SCJN admite el trámite.

El comunicado 149/2012 del 24 de julio de 2012, dice: “La Comisión de Receso de la SCJN, acordó admitir a trámite la demanda de controversia constitucional presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal por la que se impugnan los oficios DGPL.-2P3A.-6469 y CP2R3A.-1695 y conceder la suspensión de los actos impugnados.

5.- Y el asunto estuvo así varios meses hasta que en su toma de posesión, el Presidente de la República advirtió que se desistiría de dicho recurso legal y días después lo retiró, por lo que el ordenamiento pudo ser publicado, que no promulgado. Dijo Peña Nieto: "... instruyo a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que, una vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso..."

Y así fue, el consejero jurídico Humberto Castillejos hizo los trámites ante el Poder Judicial de la Federación y la controversia 68/2012 quedó sin efectos. Y este miércoles 9 de enero, ocho meses después, la ley fue publicada. Posicionamientos en contra de la publicación. La nueva ley de hecho es una buena noticia pero hay que hacerla viable.

El primero en criticarla, el mismo día de su publicación, fue Alejandro Martí, presidente de la organización civil México SOS, quien afirmó que la ley es inoperante ya que en su estructura existen debilidades y vacíos que la contraponen con la Constitución y otras normas, y urgió al Congreso de la Unión a que analice y corrija la norma para que pueda atender adecuadamente a los que busquen su cobijo. "Esperaría que los legisladores vieran esto, que todos aplaudimos que se haya firmado, pero la tienen que corregir para que funcione y ojalá lo hagan rápido", sentenció. (Reforma online del 9 de enero de 2013).

En el mismo sentido se expresó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al secuestro. Para Wallace, no hay manera de cómo hacerla eficaz. "No tiene futuro, no es procedente y todo mundo lo sabía”, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva. Adelantó que tanto ella como Alejandro Martí buscarán a Javier Sicilia, el principal impulsor de la ley aprobada.

Algunos medios dieron a entender que hay diferencias entre las organizaciones sociales defensoras de las víctimas. Isabel dice que no, que van juntos en el mismo barco.

Días después, salió a los medios a emitir posicionamiento el abogado Miguel Alessio Robles, ex consejero jurídico de la Presidencia de Felipe Calderón.

De entrada resaltó que el Congreso erró al emitir la norma con obligatoriedad hacia los gobiernos estatales sin reformar la Carta Magna.

"El Congreso necesita facultades expresas para emitir una ley general, es decir, una ley que obligue a autoridades federales, estatales y municipales", dijo.

Sostuvo que el cuerpo de la legislación "rescatada" por el presidente Peña Nieto tras la controversia interpuesta por su antecesor, tiene múltiples incongruencias, empezando por la definición de "víctima", que es muy amplia y no diferencia entre agraviados por delitos o por violaciones a derechos humanos.

"Eso es fundamental, porque dependiendo si es víctima de delito o de violación a derechos humanos habrá reparación de daño por parte de delincuentes o de parte de autoridades.”

Precisó que no hay partida presupuestal para la reparación, se preguntó cuánto dinero se necesita para resarcir a las víctimas y de dónde van a sacar dinero para estos temas, por lo que sentenció que no hay posibilidad alguna de que la ley opere.

Además, con el paso del tiempo “las víctimas se van a dar cuenta de que no es a través de esta ley que van a ver resarcidos sus daños, sino a través de los otros mecanismos previstos en las otras leyes", apuntó.

En una entrevista radial en MVS, dijo que la ley desaparecerá del orden jurídico nacional una vez que delincuentes o autoridades supuestamente responsables presenten cinco amparos o "ante cualquier controversia constitucional" de parte de algún municipio o estado.

En el mismo sentido se expresaron legisladores del PRD y del PAN , así como algunos académicos.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) dijo que su partido presentará modificaciones a la ley e instó al presidente Peña Nieto a enviar una reforma preferente en la materia.

Coincidió con el ex consejero jurídico en el sentido de que la ley tiene vicios de inconstitucionalidad, aunque éstos pueden ser subsanados si ambas Cámaras hacen los ajustes necesarios.

En el mismo sentido se han expresado legisladores del PAN, como el diputado Fernando Rodríguez Doval, quien dijo que su promulgación fue sólo “para tomarse la foto” y pidió al gobierno revisar las opiniones de expertos, organizaciones y defensores de derechos humanos que no avalan la ley.

Otras voces como la de María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han dicho que la ley tiene “serias deficiencias estructurales” debido a la falta de técnica jurídica con la cual fue elaborada, por lo que incluso sería necesario reformularla por completo. Estimó que “a veces cuesta más trabajo remendar que volver a hacer todo, y en este caso es más fácil volverlo a hacer”.

Para el ex ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, la ley es un “batiburrillo”. Hay que replantearla toda. Es una ley “bastante malita”, dijo en una entrevista a La Jornada (16 de enero de 2013).

Sostiene que “esto es producto de las bacanales legislativas, donde sacan las cosas con una irresponsabilidad mayúscula. Por eso hacen este batiburrillo, porque no son especialistas y andan viendo cómo se cuelgan medallitas. “Fue un acto meramente de publicidad política con unas consecuencias que pueden ser graves. Por eso en todo momento se habló de que la ley era perfectible”.

Varias organizaciones defensoras de las victimas señalan que la publicación de la ley ya es por sí misma un acto positivo, en tanto admite la responsabilidad del Estado con las víctimas, pero coinciden en que le falta claridad en muchos aspectos, entre ellos la cantidad de recursos económicos para atender las necesidades para su cabal aplicación.

Ley perfectible: Peña Nieto

En su discurso en Los Pinos, el Presidente reconoció de entrada que la ley “es perfectible, que aún debe mejorarse a partir de un diálogo cercano y constructivo con la sociedad civil y el Poder Legislativo.” Sin embargo, aseveró que ésta no tiene precedentes en otra nación y aseguró que el Estado aspira a regresar “esperanza y consuelo a las víctimas y sus familiares”.

Y agregó que como parte de los compromisos del “Pacto por sin que ello implique su reestructuración general”, señaló Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo.

“Es una ley que admitiría la posibilidad de tener modificaciones; ¿cuál sería el alcance que en su momento podría contener una modificación al respecto?, pues es un asunto que se debe atender con sumo cuidado”, dijo en entrevista realizada por Fabiola Martínez, reportera de La Jornada (16 de enero de 2013).

“Dicen que los remiendos o parches salen más caro que confeccionar otra ley, partiendo de cero…”, le pregunta la reportera al funcionario federal, haciendo alusión a lo que manifestaron especialistas. “Depende de la costurera”, le respondió el funcionario.

Y tiene razón Solís Acero, depende de “la costurera”. ¿Y quién será la zurcidora que hará los remiendos?

Lo positivo de la publicación en el DOF por el Congreso de la Unión es el mensaje que se manda, era urgente darle una salida; pero también es cierto que como dice el poeta español Antonio Machado: "despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas”. México”, el gobierno a su cargo “trabajará con los partidos políticos y grupos parlamentarios para darle a este ordenamiento su perfeccionamiento, plena viabilidad.”

En el acto, instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a entablar mesas permanentes de diálogo con las organizaciones civiles; la primera que tuvo fue el viernes 11 de enero con familiares de desaparecidos. Y eso de hecho es positivo. El secretario Osorio Chong dio los pormenores de la reunión en una conferencia de prensa.

¿Y qué dirían los Ministros?

Me he preguntado si el presidente Peña Nieto no comentó el asunto de la ley con los ministros la tarde del viernes 4 de enero cuando se reunieron a comer con motivo de inicio de año.

En un comunicado oficial se dice solamente que “hubo intercambio de puntos de vista sobre las reformas constitucionales más trascendentes y sobre la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos para todos, como principio de un Estado eficaz. También sobre la importancia que para el Poder Ejecutivo de la Unión tiene el contribuir en el marco de su competencia a lograr una mejor procuración de justicia y a trabajar para que las decisiones de toda la administración pública se apeguen a derecho y sean justas cuando tienen relación con los gobernados”.

Quizá sí lo comentaron. Y también seguramente ya había una resolución de la controversia constitucional. Sólo para un ejercicio académico sería bueno conocer el proyecto de resolución que traía la comisión de ministros encabezada por Sergio Armando Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas.

Por último, es evidente que nuestra Ley Fundamental no faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general en materia de víctimas que obligue también a los estados y al Distrito Federal. Sí en cambio, la tiene para una ley federal. Se requiere adicionar el Artículo 73 constitucional para que este marco jurídico no sea endeble, a menos que algún jurista respetable diga lo contrario.

Por lo que sé, seguramente en los próximos días habrá algunas propuestas de reformas a la ley para, como dicen los especialistas, hacerla viable, ya la Secretaría de Gobernación emitió un posicionamiento en ese sentido: “la ley será reformada.
jgl

Ley de Víctimas tan necesaria como el cambio de la estrategia de seguridad



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Boletín de prensa
Movimientos Sociales / OSC de DH

El Estado mexicano, ahora a través de la administración de Enrique Peña Nieto está obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales y humanitarios provocados por una estrategia militarizante y punitiva de seguridad pública, lo que ha dejado decenas de miles de huérfanas y huérfanos, viudas y viudos, familias rotas para las que se debe instrumentar una política pública de reparación integral. Esta nueva administración está obligada a asumir solidariamente el dolor y responder a las demandas de derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición como lo necesitan y merecen más de 80 mil asesinados, más de 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados generados por la guerra desatada por Felipe Calderón desde 2006. El asumir la situación de emergencia nacional pasa en gran parte por implementar mecanismos que garanticen memoria, verdad, reparación y la justicia para la construcción de la paz.

Hemos conocido el comunicado del nuevo titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento de un compromiso asumido el 28 de mayo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones hermanas de derechos humanos y atención a víctimas, ha instruido a su Consejería Jurídica a desistirse de la Controversia Constitucional ante la SCJN y publicar en sus términos la Ley General de Víctimas (LGV) aprobada por el Congreso el 30 de abril y que venimos impulsando al lado de otras organizaciones desde hace varios meses. Sin embargo, para que la LGV sea una realidad, falta concretar su publicación, avanzar en las modificaciones que la perfeccionen y, sobre todo, trabajar en su instrumentación en todo el país y por todos los órdenes de gobierno.

La Ley General de Víctimas es un pequeño triunfo para todas las familias que han perdido a uno o varios familiares, ya sea por desaparición -involuntaria o forzada-, secuestro, asesinato o desplazamiento forzado; es una ley para las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delitos.

Sin embargo, es necesario no olvidar que hemos insistido, desde la primavera de 2011 que salimos a las calles, sobre la exigencia de que haya un cambio radical en la estrategia de seguridad nacional, que se inicie un debate nacional y regional sobre la política prohibicionista antidrogas y que se adopte un modelo de seguridad más humano y ciudadano para avanzar en la construcción de una sociedad en paz con justicia y dignidad. Sin cambio en la estrategia de seguridad habrá más víctimas y con ello, no habrá condiciones para la paz.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD / Organizaciones Civiles: Alianza Única del Valle A.C., Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Asociación Mexicana pro Naciones Unidas A.C., Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Centro de Estudios Ecuménicos A.C. (CEE), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Centro Nacional de Comunicación Social A.C (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), A.C., Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos. A.C, El Grito Más Fuerte, El Barzón Nacional, Iglesias por la Paz, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Observatorio Eclesial, Ririki Intervención Social Servicio de Asesoría para la Paz, Propuesta Civica A.C., Xalapa por la Paz / Personas: Clara Jusidman, (Presidenta de INCIDE Social A.C.); Mtro. Santiago Corcuera Cabezut (Académico y especialista en derechos humanos); Mtra. Brisa Solís, (Directora del Cencos); Miguel Álvarez, (Presidente de SERAPAZ); Sergio Aguayo (Académico y especialista en derechos humanos); Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete, (Profesor de la UMSNH); Dr. José Arturo Yáñez Romero, (Académico de INCIDE); Dr. Sergio Ortíz, (Revista Andamios de la UACM); Enrique González Ruiz, (Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos de la UACM); Elena Azaola (Académica de CIESAS); Elizabeth A. Bowman, (Presidenta e Investigadora de Associate Center for Global Justice); Elio Villaseñor Gómez, (Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Javier Sicilia, Poeta; José Luis Caballero Ochoa, (Académico – Investigador de la UIA-Santa Fé); Julio Hernández Barros, (Abogado de Bufete Hernández Pliego); José Sotelo Marbán, (Asociación Mexicana pro Naciones Unidas); Jorge González de León (Poeta) Karla Ambrosio, (Integrante de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Luis Ortega Morales, (SICLA, Puebla); Marcelina Bautista, (Directora de CACEH); Eliana García (Especialista); Nancy Pérez, (Directora de Sin Fronteras); Dra. Nashieli Ramírez, (Directora de Ririki Intervención Social); Patricia Martínez González; Omar Esparza Zarate (Integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista); Roberto Villanueva (Integrante del MPJD); Pedro Salazar Ugarte, (Académico de UAM); Silvano Cantú, (Defensor de Derechos Humanos); Sophie Alexander, (Actriz); Uriel Vargas Guzmán, (Coordinador de El Barzón); Eduardo Vázquez (Poeta); Sara San Martín (Directora del CEE); Ricardo Guillermo Gállegos (Integrante del CEE); Rebeca Montemayor (Integrante del CEE); José Guadalupe Sánchez (Integrante del CEE); Pilar Tavera (Directora de Propuesta Civica); Delia Sánchez (Integrante de Propuesta Cívica); Gerardo Perez (Xalapa por la Paz).
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

viernes, 8 de febrero de 2013

México, 2º lugar mundial en secuestros

Según la consultora global Control Risks, la situación de inseguridad se mantendrá como la tarea más apremiante del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Omar Granados (@ogranados1)

Aunque habrá prioridades importantes como el fomento al crecimiento económico, la situación de seguridad se mantendrá como el riesgo más apremiante en el país durante el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo anterior, de acuerdo con Gavin Strong, analista global especializado en México, de la consultora de riesgo, Control Risks (@Control_Risks), la cual señaló en su reporte Risk Map 2013 que México es el segundo lugar mundial en secuestros.

Foto: Cuartoscuro.El presidente Enrique Peña Nieto pasa revista a las Fuerzas Armadas en Campo Marte.

En opinión del analista británico especializado en México y América Latina, hace seis años, al inicio de la guerra contra el narco, las entidades que tienen frontera con Estados Unidos, como son, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, eran las únicas que registraban una grave situación de inseguridad, sin embargo hoy hay otros estados en la misma situación, como son San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Durango, Michoacán, los cuales tienen hoy problemas muy graves con grupos delincuencia organizada.

Asimismo, de acuerdo con el Risk Map, el reporte sobre riesgos globales, publicado por Controls Risks con miras a 2013, la cruzada anti drogas durante el sexenio de Calderón logró afectar las operaciones de los cárteles, por lo que las organizaciones delictivas entraron en nuevos negocios basados en crímenes de alto impacto, como son la extorsión, el cobro de piso y el secuestro. No obstante, aunque la entrante administración de Peña Nieto ha prometido reducir las tasas de homicidio y secuestro en 50%, las amenazas a la seguridad persistirán en el país.

De acuerdo con el análisis, aunque hay una mejoría a nivel nacional, sigue siendo muy complicada la situación pues la influencia de los cárteles es muy difícil de erradicar, en un escenario en el que grupos delincuenciales de escala más pequeña representan ahora una amenaza de seguridad más grande que en el pasado. Esta proliferación de grupos como Los Caballeros Templarios son algunos de los efectos secundarios de lo que consideran “un éxito del gobierno de Felipe Calderón en capturar o eliminar a los capos del narcotráfico.” Sin embargo, ante la ofensiva del gobierno en el sexenio pasado, “los grupos delictivos han incursionado en secuestros y extorsiones, mientras las fuerzas del gobierno se concentra en la búsqueda de las dirigencias de las organizaciones.”

Lo anterior explica una de las cifras más preocupantes que se registran en México, que se sitúa en el segundo lugar mundial en la estadística de secuestros, sólo por detrás de la muy conflictiva Nigeria. Por lo tanto, nuestro país está en una situación más grave en este rubro que naciones como Afganistán, Venezuela, Irak, Líbano, Colombia, Kenia o Siria.